Cruzando bases de datos de cuatro organizaciones sociales: Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, y del Comité para la Protección de los Periodistas; se identificó a 174 mujeres y hombres periodistas que han sido asesinados o desaparecidos en los últimos tres sexenios de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón, Vicente Fox y del actual, Enrique Peña Nieto.

Las reporteras que forman parte del colectivo trabajaban de la mano con estas personas. Eran amigas, colegas, o familiares, y constataron que “matar a periodistas en México es un acto impune. Como matar a nadie. La ausencia de nuestras víctimas nos suscita dolor, indignación.”

Es por eso que surgió el proyecto de hacer un Memorial de Periodistas en México. La primera idea fue hacer un libro, pero luego se convirtió en un sitio web: mataranadie.com, presentado hoy en el Museo Memoria y Tolerancia (MyT), en la Ciudad de México.

Las reporteras se propusieron “mostrar la humanidad de las víctimas con claroscuros, sin juzgarles, ejerciendo con rigor nuestro oficio”. En la primera fase, se integraron 20 perfiles a la página, pero el objetivo es publicar la mayor cantidad posible antes de que finalice el sexenio de Peña Nieto.

Al mismo tiempo, quisieron llamar la atención sobre la situación de trabajo de mujeres periodistas en el país, que realizan su labor en zonas “silenciadas”, bajo amenazas, bajo acoso, enfrentando denuncias por parte de oficiales, en condición de desplazadas, o con sueldos bajos, al margen de la precariedad.

Son un grupo únicamente de mujeres, porque “es necesario para visibilizar una presencia masiva”, dijeron, y: “Porque tenemos derecho a impulsar cualquier iniciativa que nos imaginemos”.

Muchas de ellas estuvieron presentes en la presentación de la página en el MyT, después de viajar a la ciudad por su propia cuenta. Cuatro periodistas comentaron cómo realizan su trabajo en municipios y ciudades flagelados por la violencia y la corrupción.

Martha Olivia López Medellin narró cómo desde finales de los años 80, Tamaulipas se convirtió en “zona silenciada”, donde las y los periodistas practican la autocensura para sobrevivir. “El 17 de julio del 1986, encontré tirados en el piso los cuerpos llenos de balas de mi jefa de información, y el director del medio. Yo tenía 17. Ella tenía 24.” Este hecho marcó su vida en el periodismo, dijo López.

La periodista recalcó los enlaces estrechos entre narcotráfico y autoridades locales. Recordó  que nueve meses después del asesinato de su jefa, Norma Alicia Moreno Figueroa, y el director del medio, el Ministerio Público le envió información de la policía municipal sobre la investigación.

Sin embargo, cuando intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado contestó que la averiguación previa se destruyó en un incendio. “Casualmente, se dañó sólo una caja y en esta caja estaba el expediente de Norma y Ernesto”, recordó López Medellin, y dijo que el caso marcó un antes y un después en Tamaulipas.

“Los nombres de las y los colegas asesinadas cambian, pero la cadena de omisiones y complicidades es la constante”, concluyó la periodista, quien pasó 6 años como desplazada entre 2011 y 2017, a causa de las amenazas que ella misma sufrió.

El panorama que dieron las representantes de Veracruz, Sinaloa y Guerrero era parecido. Norma Trujillo, reportera de la Jornada en Veracruz, contó del acoso judicial que sufren ella y sus colegas en este estado. Recordó que en el caso de las y los periodistas agredidos en 2013, quienes cubrían un desalojo de maestros, se interpuso demanda ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Uno de los demandantes, dijo, fue Rubén Espinosa. Trujillo expuso que “al Ministerio Público le urgía que uno de los tres compañeros que demandaban se declarara consumidor de drogas. Les pidió que se desnudaran, es decir, de víctimas pasaron a ser criminalizados, y jamás hubo una sentencia.”

Trujillo resaltó que durante el gobierno de Javier Duarte Ochoa, hubo una reforma del Código Penal estatal, la cual penaliza daños a la reputación. Este artículo es un instrumento que se usa de manera recurrente para intimidar a periodistas, narró.

Cynthia Valdéz, periodista desplazada de Sinaloa, hizo hincapié en la falta de visión de género que sufren las mujeres en el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Con voz vacilante narró que a ella como madre de familia le tocó ver a sus hijas crecer a la distancia por más de un año.

Criticó que el Estado Mexicano se ha negado una y otra vez a reconocer o legislar en la materia de las 300 mil personas desplazadas en el país, “simplemente dice que el problema no existe”.

Para ella, falta construir una perspectiva de género, donde las mujeres puedan desarrollar sus capacidades profesionales. “Las instituciones de protección y atención a víctimas carecen de programas sólidos para incorporar a los desplazados a una vida civil y productiva”, dijo.

“No contempla mecanismos de reintegración o reincorporación a la vida civil para las personas que tuvieron que ser extraídas de sus regiones.” No existe plan de retorno, criticó Valdéz. Para finalizar, Vania Pigeonutt habló de la situación, muchas veces precaria, de las y los periodistas en Guerrero, y de otras “zonas de silencio”.

Mostrar las condiciones en las que se hace periodismo en México, es uno de los propósitos del colectivo “Reporteras en Guardia”. Lo hacen sin fines de lucro, “por el amor al oficio y la solidaridad” con las compañeras y compañeros víctimas de asesinato y desaparición.

Los primeros 20 perfiles ya se pueden ver en su página web.