Igualdad de Genero, Medios y TIC en Argentina
Autor: Redacción /Red Argentina
- La importancia de la Plataforma de Acción de Beijing para el impulso de la igualdad de género en medios y TIC a nivel nacional
Argentina ha ratificado los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos de la mujer, los cuales tienen jerarquía constitucional. Los cambios propugnados desde el feminismo, las organizaciones de mujeres y los grupos sociales comenzaron a plasmarse en estos acuerdos y consensos de índole internacional.
La condición femenina y la relación entre los sexos han estado sostenidas históricamente por parámetros patriarcales y androcéntricos. A pesar de que la subordinación sigue siendo una realidad en distintos estratos de la sociedad, Argentina ha promulgado leyes tendientes a igualar en derecho a mujeres, varones e integrantes de la comunidad LGBTIQ. Normativas que son muestra palpable de las experiencias sociales, culturales, económicas y políticas vividas en nuestro país, que promovieron leyes más igualitarias.
Las leyes de ‘acción positiva’ -el conjunto de medidas diseñadas y aplicadas para corregir una situación de discriminación de un colectivo social por su condición sexual, de etnia, raza o religión- y la incorporación de políticas de género permitieron grandes avances, saldaron deudas históricas y contribuyeron en la construcción de un mundo más igualitario.
Un avance significativo contra la violencia de género fue la sanción, en el año 2009, de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales. El salto cualitativo en materia legislativa se da al incorporar los mandatos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta ley amplía la definición de violencia introduciendo una serie de tipologías (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política) y de modalidades (doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática).
Por su parte, la Ley 26522 -Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- manifiesta explícitamente la promoción de imágenes equilibradas y variadas de hombres y mujeres en los medios de comunicación, considerando la diversidad cultural, lingüística y de las identidades locales. Uno de los objetivos de la norma es la de proteger la igualdad entre varones y mujeres junto al tratamiento plural, igualitario y no estereotipado evitando toda discriminación basada en género y orientación sexual. Establece además la responsabilidad de los productores, distribuidores y emisores de programas y/o publicidad que deben velar por el respeto de una serie de leyes nacionales, incluida la ley de violencia hacia las mujeres.
En 2017 entró en vigencia la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública en la Argentina, aprobada en 2016. Así, Argentina se sumó a los países de la región que en los últimos años avanzaron en esta materia con la creación de una normativa de regulación de este derecho humano y saldando una deuda que nuestro país tenía pendiente con la ciudadanía, ya que son más de 100 países en el mundo los que cuentan con normativas de este tipo.
La Plataforma de Acción de Beijing del año 1995, vigente hoy, desde hace 25 años enfatiza dos objetivos estratégicos para todos los países:
1) ampliar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión, así como en las nuevas tecnologías de comunicación;
2) fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión.
Aunque las acciones positivas fueron aceptadas por gran parte de la sociedad argentina, poco se ha avanzado en estos casi 25 años para romper de manera efectiva la barrera de género en los medios de comunicación, que aún muestran resistencias en la implementación del lenguaje inclusivo, la promoción de una imagen positiva de las mujeres y de todas las personas disidentes junto a la paridad de cargos en las empresas de medios.
Aunque las calles siguen dando cuenta de los cambios sociales fruto del movimiento feminista y las organizaciones sociales, poco se ve reflejado por el momento en los medios de comunicación. La realidad muestra que siguen construyendo sus relatos desde una pedagogía patriarcal y que falta mucho aún para que se hagan eco de esta necesidad y de esta demanda, que no es otra cosa que un derecho.
La situación de pandemia a nivel mundial dejó en evidencia las situaciones precarias en el ejercicio de la profesión para las mujeres. La tarea que se ejerce en los medios de comunicación ha sido declarada como “trabajo esencial”, al igual que los y las trabajadores de la salud, durante esta crisis inédita, pero el trabajo que realiza pone a las y los periodistas en un alto grado de vulnerabilidad frente al contagio.
Las empresas periodísticas implementaron la modalidad de teletrabajo, lo que trajo como consecuencia la extensión de la jornada laboral, la transferencia de costos de los servicios hacia las y los trabajadores, pérdida de la privacidad, enfermedades profesionales vinculadas a la falta de la infraestructura adecuada en los hogares y un alto nivel de estrés por la exigencia de hiperproductividad.
Esta nueva modalidad de trabajo no cuenta hasta el momento con normativas regulatorias, por lo que agudizó los problemas de precarización existentes, como los de colaboradores (permanentes y no permanentes), los freelancer o contratos temporales; la reducción de sueldos, restricciones informativas, disminución de la presencia femenina en los medios, junto al aumento de la discriminación de género en el espacio informativo y laboral.
La invisibilización pública de las mujeres se ha hecho más patente en este contexto de crisis sanitaria, ya que son mayoritariamente varones quienes se muestran como expertos en las distintas temáticas, borrándose casi en la totalidad de la agenda los temas referentes a las mujeres y las diversidades.
Estos tiempos de pandemia han intensificado la desigualdad y la precarización laboral de las mujeres, generalmente encargadas de las tareas de cuidado y más expuestas a casos de violencia de género, al verse obligadas a una mayor carga horaria no remunerada y de labores domésticas.
- Diagnóstico sobre los progresos, retrocesos y temas de preocupación en la PAB y la Agenda 2030 durante los últimos cinco años, en todos o algunos de los temas que se proponen.
La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual es de interés público y su carácter es fundamental para el desarrollo sociocultural de las personas. Es el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.
Como vimos, nuestro país ha tenido grandes avances en materia de género, no solo al garantizar el principio de paridad de género, sino en el reconocimiento y protección integral de las mujeres en todos los ámbitos de su vida social.
Es significativa la incorporación en su bloque de constitucionalidad federal la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como así también la suscripción de la Convención de Belem do Pará. Dentro de la legislación interna ya se destacó la importancia de la Ley 26.485 y la Ley 26522, a las que hay que sumar la Ley 26618 de Matrimonio Igualitario y la Ley 26743 de Identidad de Género, normativas que plasman el cambio de paradigma.
Las iniciativas parlamentarias con perspectiva de género como eje transversal generan un debate reflexivo en torno a la creación de herramientas legislativas que promueven la democracia paritaria y la calidad de vida de las mujeres y las disidencias sexuales y es fruto del trabajo del movimiento de mujeres, que en Argentina es impulsada por una verdadera marea que se hace sentir en las calles con sus reivindicaciones y demandas.
Estas normativas legislativas de vanguardia no logran plasmarse en los medios de comunicación, donde persiste el tratamiento estereotipado y machista en las noticias, la desigualdad laboral en las empresas, escasa formación en les profesionales en temáticas de género y feminismo, centralismo de la información desconociendo la diversidad territorial y de historias que hacen al suelo argentino, con nula visibilidad de información migrante, afrodescendiente y de pueblos originarios.
A la par del crecimiento del poder de construcción de sentido de los medios hegemónicos en Argentina ha aumentado la producción de una comunicación alternativa con perspectiva feminista, pero no cuenta aun con la estructura y financiamiento suficiente para hacerle frente a esos conglomerados.
Se suma a esta realidad el hecho de que no existen políticas concretas para promover medidas que acerquen oportunidades en las empresas de medios, por lo que es necesario generar acciones de compromiso para que sea un hecho la representación paritaria, que asegure una producción informativa con perspectiva de género.
Aunque los titulares de ‘crimen pasional’ casi han desaparecido en las portadas y los canales de televisión, la cobertura de la información sigue siendo sexista y estereotipada y en los espacios publicitarios y coberturas mediáticas abunda la mirada clasista, machista y colonialista.
Es un hecho y un importante avance que cada vez hay más editoras de género en los
distintos soportes mediáticos; pero toda vez que las redacciones y los espacios laborales de los medios no tengan capacitaciones y formación con perspectiva de género, los cambios se registran a cuenta gotas.
La paridad de género se inscribe en el nuevo paradigma que se plasma en Argentina y que busca ser un paso más en el reconocimiento y efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres de nuestro país.
Hasta el momento la comunicación indígena y la de género, las políticas públicas con perspectiva de género y políticas de comunicación con perspectiva intercultural no se entrelazan en Argentina.
La incorporación de la perspectiva de género en las currículas de las facultades de Periodismo y Comunicación es un proceso de reciente data. Aunque el interés de las casas de altos estudios en estos temas es mucho más antiguo, nunca como hoy se asistió a este fenómeno creciente de implementación de políticas de género en las instituciones. Acciones conducentes a la formación de periodistas y profesionales de la comunicación que pueden ayudar a construir otro tipo de comunicación los próximos años.
- Recomendaciones para acciones futuras
Al Estado
- Representación paritaria en los medios de comunicación.
- Enfoque plurinacional, no sexista e inclusivo de la información.
- Políticas públicas de comunicación y género
- Acciones afirmativas para promover la integración laboral de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ en los medios de comunicación
A las empresas relacionadas con la comunicación
- Transversalización de la dimensión de género dentro de las industrias y en la producción que las mismas realicen
- Promoción de una participación diversa e igualitaria al interior de las empresas de comunicación que incluya a las mujeres y las diversidades, especialmente en lo referido a los ámbitos de toma de decisión y diseño de estrategias.
- Realizar capacitaciones en temas de género, respecto de la elaboración de los contenidos y trabajar para sensibilizar, informar y deconstruir el machismo y sexismo de la cultura organizacional de empresas, tanto entre el staff como entre el personal directivo.
- Trabajar en la concreción de una agenda temática proactiva en derechos humanos y género en los contenidos realizados.
- Libertad de expresión (violencia contra mujeres periodistas, incluida la violencia en línea, mecanismos de protección, etc.)
En el informe “Actos de violencia contra periodistas”1, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que la obligación del Estado respecto a la seguridad de las y los periodistas establece tres deberes especiales resumidos en las tres “P”: prevenir, proteger y procurar justicia.
Entre 2012 y 2017 fueron asesinados 125 periodistas en América Latina y el Caribe, aunque ninguno/a en Argentina. El 10% ejercía el periodismo en medios electrónicos, lo que abre una nueva tendencia, ya que es la primera vez que se registran crímenes de trabajadoras y trabajadores que sólo ejercían su tarea en publicaciones en línea, según señala el informe de la UNESCO2 sobre periodismo y libertad de expresión en América Latina y el Caribe.
El informe también apunta que, si bien una parte de estos asesinatos fueron investigados por el Estado, solo se ha resuelto el 11% de los casos, una alta tasa de impunidad que aumenta el riesgo al ejercicio pleno de las y los profesionales en los países de la región.
En el caso específico de las mujeres, además de sufrir acoso sexual en las redacciones, espacios públicos o eventos durante el ejercicio de su labor, se consigna un aumento del acoso en línea durante estos últimos años (tema que se encuentra ampliado en el apartado sobre violencia digital de género contra las periodistas). El informe de la UNESCO señala que rara vez se han iniciado investigaciones por estos ataques con lo cual esta situación de impunidad para los autores influye negativamente en la libertad de informar y opinar.
- Políticas de Género y Comunicación (leyes, marcos regulatorios, políticas, etc.)
En 1957 se sancionó el Decreto Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión; en 1965 el decreto reglamentario 5490/65 señaló que los contenidos de las transmisiones quedarían enmarcados en una serie de normas cuyo cumplimiento debería ser fiscalizado por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART). La Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, de 1972 dio origen al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), sustituyendo a la CONART.
La Ley Nacional de Radiodifusión 22.285 promulgada en 1980, durante la dictadura cívico militar (1976-1983), derogó la Ley 19.798 y reglamentó las pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República Argentina. Además, creó el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) como autoridad de aplicación.
El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión se creó como sugerencia de la propuesta Nº 208 del Plan Nacional contra la Discriminación (PNcD) del año 2005, que respondió a la Conferencia Mundial en contra del Racismo, realizada en Durban, a la que Argentina había suscripto.
A fines de 2006, se conformó el Observatorio con la coordinación del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) -luego Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), hoy Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)- y la asistencia técnica del INADI. Se incorporó el entonces Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) -luego Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), actual Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad– para asesorarlo según lo establecido por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), también suscripta por la Argentina.
1 www.oas.org/es/cidh/expresion/pedagogicos/violencia-periodistas.asp
2 https://es.unesco.org/world-media-trends
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en 2009 estableció las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República Argentina, reemplazando la Ley 22.285.
El COMFER –históricamente asociado a la restricción a la libertad de expresión y a la censura- se transformó en AFSCA gracias a la reglamentación de la Ley 26.522 (LSCA) durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que puso fin al decreto ley de la dictadura.
Al finalizar el año 2015, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el ex presidente Mauricio Macri creó el ENACOM unificando la Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y el AFSCA con el afán de dar marcha atrás a muchas de las políticas antimonopólicas desplegadas por ambos organismos.
Poco tiempo después, parte del equipo fue desplazado hacia el Consejo Asesor para la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) y las áreas de Evaluaciones y Fiscalización.
El entonces Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) integraba el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión articulando y llevando adelante la tarea de atender los reclamos en materia de violencia simbólica y mediática a través de recomendaciones y reuniones con medios de comunicación, productoras y publicistas e integrando tareas de investigación.
Como organismo rector de la Ley 26.485 de la Ley Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el entonces CNM incorporó la perspectiva de género en múltiples temáticas.
El espacio de Observatorio del CNM fue desarticulado y así surgió el capítulo/observatorio de violencia simbólica y mediática en el marco del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Nunca llegó a formalizarse con estructura de Observatorio y, con reducida capacidad operativa, el espacio logró emitir respuesta ante reclamos, retomó algunas recomendaciones del Observatorio de la Discriminación y mantuvo algunas reuniones con medios de comunicación.
Es relevante destacar otro hecho que atraviesa la comunicación y los géneros: en 2017 cuando se eliminó el programa Fútbol para Todxs que permitía que en cada hogar pudieran verse los partidos en forma gratuita, se quitó también la difusión de la Línea 144 (de contención, información y asesoramiento para la violencia de género) que aparecía en los cortes y comerciales de cada evento deportivo.
Por otra parte, en julio de 2011 se creó, mediante el Decreto N° 936/2011, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que eliminó las publicaciones de comercio sexual en los medios de comunicación para prevenir la trata de personas. La decisión política se produjo en consonancia con las recomendaciones de organismos especializados para los que tales mensajes sirven como señuelos para captar personas a los fines de explotarlas sexualmente y promover la prostitución ajena.
La Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, organismo de Derechos Humanos especializado en Comunicación, se creó en noviembre de 2012 en el marco de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la misión de promover y proteger los derechos de las audiencias de la radio y la televisión argentina. Inédito en el mundo, desarrolló una tarea pedagógica que permitió problematizar las representaciones mediáticas en clave de derechos para las audiencias.
Con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, el organismo quedó acéfalo desde noviembre de 2016, cuando finalizó el mandato de su primera defensora. Desde entonces, el Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral (CB) de la Comunicación Audiovisual y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), presidida por el partido oficialista Cambiemos, durante tres años no dio inicio al proceso de postulación y designación de la persona que debía conducir la Defensoría, tal como establece la LSCA.
Desde septiembre de 2018, el organismo fue intervenido por Cambiemos. La Comisión Bicameral, presidida por el senador santacruceño Eduardo Costa (UCR), designó como “encargado” a Emilio Alonso, un abogado sin experiencia ni conocimiento en el campo comunicacional, de los Derechos Humanos y la gestión pública.
En 2020, el nuevo gobierno de Alberto Fernández nombró a una nueva defensora, tal como establece la normativa del organismo.
- Contenido en los medios de comunicación (representación de las mujeres en las noticias -GMMP-, estereotipos sexistas, etc.). Estereotipos e inequidades que afectan a las mujeres periodistas
En el informe referido a la Argentina del Proyecto del Monitoreo Global de Medios3 se mantienen los datos generales de la escasa participación de las mujeres periodistas, incluyendo las publicaciones digitales. Sin embargo, la investigación revela que hay una mayor participación cuando se trata de la cobertura de información local, una consecuencia de las inequidades en la posición dentro de las redacciones.
El estudio también señala que existe una suerte de “techo etario” para la participación de las mujeres periodistas en la televisión, ya que la mayoría tiene entre 19 y 49 años cuando se trata de trabajo en estudios y entre los 35 y los 49 años cuando el trabajo es en exteriores. Para los hombres, en cambio, el rango etario comienza a los 35 años y llega a los 64.
El concepto que indica que solo las mujeres jóvenes merecen visibilidad se impone en la TV, tanto de aire como de cable. Cabe señalar que en comparación con los resultados del Informe GMMP de 2010, en el país hubo una disminución en el número de presentadoras de noticias en televisión, bajando del 42% en 2010 a 35% en 2015.
3 http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/national/Argentina.pdf
En materia de estereotipos e inequidades en el contenido de la información, este informe enfatiza que “es lamentable observar que en la mayoría de las noticias se produce el reforzamiento de los estereotipos siendo en los temas relacionados con política, gobierno (87%), crimen y violencia (85%), celebridades (79%) y economía (77%), las notas con los porcentajes más altos de estereotipación”. Además, en ninguna de las notas periodísticas
monitoreadas se hizo referencia ni se cuestionaron los estereotipos ni las inequidades de género en la información brindada.
La mayoría de las mujeres que aparecen como sujetas de las noticias se concentran en las categorías de opinadoras casuales (57%), testigas ocasionales de un hecho (53%) o expresando su experiencia personal (42%). Las mujeres continúan siendo convocadas, sobre todo en los informativos televisivos, desde un lugar de desconocimiento.
Otra cuestión a tener en cuenta es que los medios siguen identificando a las mujeres sujetas de noticias por su rol familiar. Si bien en el monitoreo de 2015 se constata que esta identificación ha disminuido, continúa siendo mayor a la de los hombres. Un 25% de las mujeres fue identificada por su rol familiar, mientras esto ocurrió con un 8% de los hombres. Por otro lado, las mujeres aparecen más retratadas que los hombres en los medios gráficos. Este monitoreo concluye que, aún sumando la información en Internet y las redes sociales, en 2015 “se ha reforzado el diagnóstico de una sociedad con una escasa presencia de mujeres como sujetas de noticias”.
El lenguaje inclusivo no sexista busca visibilizar social y políticamente a las mujeres y a las personas disidentes. En Argentina, durante el último lustro su utilización cobró más fuerza debido a la potencia militante de las nuevas generaciones que, con el fin de expresar a la sociedad en toda su diversidad, han comprendido que no alcanza con desdoblar las palabras o utilizar sustantivos colectivos ya existentes. En ese avance las juventudes actuaron para intervenir y recrear el lenguaje para nombrar a todas las personas en su diversidad y así surgieron las palabras terminadas en “e” o en “i”.
Esta acción positiva fue aceptada por gran parte de la sociedad, por las universidades, por algunos sectores de Estado y partidos políticos. Sin embargo, son los medios los que aún muestran resistencias, incluso en aquellos con una postura progresista, donde la implementación del lenguaje inclusivo no sexista sigue sin visibilizarse.
Esta resistencia puede estar relacionada con los diversos poderes que hacen sus juegos en los medios y el propio poder que estos grupos de comunicación ostentan. Esta referencia al poder no es solo político-económica “sino que también implica a todas las fuerzas hegemónicas que hacen que perduren las asimetrías en la sociedad”4. Quizás esta sea una de las causas por la cual los medios argentinos se ocupan cíclicamente de dar un contragolpe al lenguaje inclusivo no sexista, siempre acudiendo a fake news, a ridiculizaciones y a información editorializada y malintencionada que busca disciplinar otorgándole un poder policíaco a la gramática.
4 Loto, N. (2018) Para Contarla Mejor. Aportes para optimizar las narrativas periodísticas sobre violencias machistas- Semlac. SemMéxico. Buenos Aires,
Los medios de comunicación no deberían desconocer esta demanda de la sociedad, porque como argumentó Eliseo Verón estos no constituyen “un meta-espacio más, junto a los espacios común, social y político”, sino que hay que pensarlos en un plano transversal “y su funcionamiento se ha vuelto hoy la fuente principal del cambio social”5.
La promoción de una imagen positiva de las mujeres y de todas las personas disidentes contempla también la necesidad de incorporar un lenguaje que no las expulse ni las oculte y que se convierta en una herramienta garante de la integración. Sin embargo, la realidad muestra que los medios de comunicación argentinos siguen construyendo sus relatos desde una pedagogía patriarcal y que falta mucho aún para que se hagan eco de esta necesidad y de esta demanda, que no es otra cosa que un derecho.
- Violencia digital de género afecta a periodistas mujeres
En el informe “De la impunidad a la justicia: violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología”6, que mapeó 1.126 hechos de violencia en línea perpetrados en distintos países entre 2012 y 2014, se concluye que una de las categorías más afectadas por este tipo de violencia de género es hacia quienes tienen un perfil público y participan en espacios de comunicación (por ejemplo, periodistas, investigadoras, activistas y artistas).
Desde entonces han aumentado las denuncias de violencia en línea en el ámbito de las mujeres periodistas, hecho que ha sido constatado en el informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)7.
En el informe de 2018 “Mujeres periodistas y libertad de expresión” se da cuenta que, si bien las mujeres periodistas enfrentan peligros y censuras similares a las de sus colegas varones y otras personas defensoras de derechos humanos en la región, “al desafiar estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública, se ven enfrentadas a discriminación en base a su género. Además, enfrentan desprotección y obstáculos en el acceso a la justicia, también diferenciados de sus compañeros hombres”.
Al considerar este tipo de violencia, el informe consigna que “las mujeres periodistas no solo están más expuestas a ataques en línea que sus colegas hombres, sino que en los últimos años han sufrido un aumento de los insultos, acoso y hostigamiento”. Las formas más frecuentes de violencia son el monitoreo y acecho, la publicación de datos personales, trolling, el desprestigio, la difamación, la descalificación y el odio viral.
Además, las mujeres que cubren temas como política, derecho, economía, deporte y derechos de las mujeres corren un especial riesgo de ser víctimas.
En sus recomendaciones a los medios de comunicación privados, la Relatoría Especial incluye a las plataformas en línea que ofrecen servicios y espacios que son muy utilizados por el periodismo para publicar y compartir sus notas y opiniones. Estas recomendaciones incluyen:
Realizar un compromiso formal de respetar los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y la privacidad.
5 Verón, E. (2001) Espacio Mentales. Gedisa. Barcelona.
6 https://www.genderit.org/es/articles/de-la-impunidad-la-justicia-explorando-soluciones corporativas-y-legales-para-la-violencia
7 https://cidhoea.wixsite.com/mujeres-periodistas
Adoptar mecanismos transparentes accesibles y efectivos para hacer frente a los casos de violencia que ocurren contra las mujeres periodistas. Al hacerlo, deberán tomar en cuenta las preocupaciones de las comunidades que históricamente se encuentran en riesgo de censura y discriminación.
Contribuir a la seguridad digital y la prevención de violencia sexual basada en género contra las mujeres periodistas a través de campañas de información y difusión de estadísticas sobre violencia en línea.
En el informe de la UNESCO “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe regional sobre América Latina y el Caribe, 2017/2018”8 también se hace referencia a este tipo de violencia contra las periodistas que viene en aumento desde 2012. “Estos ataques incluyen campañas de desprestigio en internet, usualmente con referencias sexuales, amenazas de violencia sexual y amenazas de muerte lo que conlleva a la autocensura”, constata el informe. Las consecuencias son evidentes: muchas mujeres periodistas se sienten obligadas a abandonar los medios en línea”.9
Si bien estos informes no incluyen datos específicos sobre la violencia en línea en Argentina, un estudio posterior realizado por Amnistía Internacional documenta el abanico de agresiones que reciben las periodistas y defensoras de derechos en nuestro país a través de la red social Twitter, obstaculizando su trabajo.10
El informe de Amnistía Internacional enfatiza que las agresiones de distinta índole recibidas por las profesionales (acosos, trolling, acechos, ataques a la intimidad y dignidad, descalificaciones) tuvieron como objetivo el disciplinamiento y la autocensura con el fin de impedir sus voces en el debate público en las redes sociales.
En un informe posterior, Amnistía internacional analizó la violencia de género en la misma red social durante la campaña por la legalización del aborto11, que se realizó en 2018 mientras se discutía el proyecto de ley en el Congreso Nacional. En la investigación se revela que la agresión contra periodistas fue directa y flagrante durante todo el proceso. Estos ataques también fueron dirigidos a activistas, defensoras de derechos humanos y mujeres con influencia pública con el objetivo de que fueran replicados y se volvieran rápidamente virales.
8 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366564
9 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366564
EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_16&utm_medium=email&utm_term=0_a60e-315cac-ff5af8232c 11
https://amnistia.org.ar/corazonesverdes/files/2019/11/corazones_verdes_violencia_online.pdf
Una característica es que los ataques provenían de personas totalmente desconocidas por las activistas y periodistas, logrando que esta despersonalización de la violencia provocara incertidumbre y sensación de inseguridad y peligro. Sumado a este hecho, un 10% de las mujeres agredidas vio publicada información personal en línea, incluyendo su domicilio, teléfono particular, datos de sus hijos e hijas y familiares.
Como consecuencia de esta violencia en línea constante y difícil de detener, todas las entrevistadas por Amnistía Internacional aseguraron que debieron hacer frente a malestares emocionales y psicológicos, como pérdida de sueño, temor a salir a la calle, baja autoestima, ataques de estrés, de pánico y de ansiedad. De hecho, el 70% de estas mujeres sostuvo que cambió la manera en que usa las plataformas y redes sociales y el 30% dejó de publicar contenidos sobre ciertos temas.12
En el estudio Amnistía Internacional incluyó un llamado al Estado para que brinde protección a las periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, combata los estereotipos de género que dan lugar a estas agresiones y garantice la libertad de expresión en todos los medios, incluyendo las redes sociales. Además, la organización -al igual que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH- apela a la responsabilidad de las empresas dueñas de las plataformas virtuales para que promuevan la vigencia de los derechos humanos en ese ámbito tomando medidas que prevengan o mitiguen cualquier posible impacto negativo sobre la libertad de expresión y opinión de sus usuarios y usuarias.13
Con el fin de hacer frente a la violencia de género en línea, la Fundación Activismo Feminista Digital14, con el apoyo de mujeres políticas y legisladoras, impulsa una modificación15 a la ley 2648516, para agregar un capítulo sobre “violencia digital”.
El proyecto de ley, que aún no está aprobado, refiere al concepto de “dignidad digital” como “cualidad de valor o estima que le es inherente a toda mujer como persona humana en el entorno virtual” y la modificación define que este tipo de agresión es “la que afecta la dignidad digital de las mujeres al lesionar alguno o varios de sus bienes y/o derechos digitales como la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad y la inclusión digitales, o afecta cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la seguridad informática de sus equipos y dispositivos y la indemnidad de su identidad digital”.
El proyecto también incluye el concepto de violencia telemática a la que describe como la que se ejerce usando tecnologías de información y comunicación, incluyendo teléfonos celulares, plataformas virtuales, redes sociales, correo electrónico e internet.
12 https://amnistia.org.ar/corazonesverdes/files/2019/11/corazones_verdes_violencia_online.pdf
13 https://amnistia.org.ar/corazonesverdes/files/2019/11/corazones_verdes_violencia_online.pdf
14 https://activismofeministadigital.org
15 https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5968-D-2018&tipo=LEY 16 Ley 26.485
La Fundación Activismo Feminista Digital fundamenta para la inclusión de este nuevo capítulo de la ley 26.485 que “la violencia machista en Internet y a través de las TIC adquiere nuevas formas todo el tiempo y recrudece velozmente, por lo que toda conducta que represente un real menoscabo al libre acceso y desenvolvimiento de las mujeres en los entornos virtuales y ciberespacio, también terminará constituyendo un ataque hacia la dignidad digital de las mujeres. El rápido desarrollo de la tecnología y espacios digitales - incluida la inteligencia artificial- puede dar lugar a diferentes y nuevas manifestaciones de violencia de género”.
Es fundamental que la legislación vigente apunte a erradicar la violencia de género en todos los ámbitos, incluyendo los digitales, para afianzar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres sin discriminaciones ni exclusiones. Para lograrlo, es primordial que sus voces sean escuchadas, se promuevan cambios sociales y culturales que apunten a deconstruir el patriarcado, se creen nuevas relaciones de género y consoliden políticas públicas.
Para la concreción de estos cambios es esencial el trabajo de las periodistas y comunicadoras, con libertad de expresión, opinión y participación igualitaria en los medios de comunicación.
- Mujeres en medios comunitarios e indígenas (acceso de las mujeres a la operación de estos medios, discriminación de género, etc.)
Todavía falta en Argentina que exista una interrelación entre comunicación indígena, comunicación con perspectiva de género, políticas públicas con perspectiva de género y políticas de comunicación con perspectiva intercultural.
Desde la implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Estado argentino llevó a cabo un trabajo importante para habilitar licencias a los medios comunitarios, con el objetivo de empoderar a las distintas identidades. El artículo 151 de la normativa establece que “los pueblos originarios podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y modulación de frecuencia (FM) así como de radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones establecidos en la presente ley”, algo prohibido en la normativa de la dictadura militar. Este reconocimiento a las comunidades fue también amplio en términos cuantitativos ya que la ley reserva una frecuencia a cada comunidad y no a cada pueblo en cada localidad.
También estipula que el financiamiento (art 152) surgirá de recursos provenientes de: a) asignaciones del presupuesto nacional; b) venta de publicidad; c) donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica; d) la venta de contenidos de producción propia; e) auspicios o patrocinios; f) recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
En el año 2013, el AFSCA llevó a cabo la formulación del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA), una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual (gravámenes y multas) para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
Este financiamiento asignó fondos en distintas líneas como la producción de contenidos audiovisuales para radio o televisión, la compra de equipamiento y la mejora de aspectos económicos, legales y sociales de la gestión, lo que permitió que las comunidades indígenas pudieran participar del escenario de los medios de comunicación.
A partir de 2014 se implementó una línea especial de financiamiento denominada “Comunicación con identidad”, destinada especialmente a pueblos originarios, aunque estos podían presentarse también en las otras líneas. Desde el 2013 se otorgaron alrededor de 65 FOMECA a emisoras (en funcionamiento o en proceso de surgimiento) de pueblos originarios. También resultaron ganadoras de FOMECA para la producción de contenidos algunas comunidades que no poseían emisoras propias, con el fin de que pudieran generar productos que se transmitieran por otros medios. Como parte de esta política de impulso a la creación de nuevas emisoras indígenas y fortalecimiento de las existentes, también se implementaron instancias de capacitación en producción de contenidos audiovisuales para comunicadores indígenas.
En el año 2015, en Argentina había 56 emisoras de pueblos originarios de 15 provincias autorizadas para transmitir, de las cuales Salta y Jujuy tienen la mayor concentración (10 y 11 radios, respectivamente). El único canal de televisión es Wall Kintun TV -que en idioma mapuche significa "buscar alrededor"- y transmite por el Canal 2 de aire en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Desde febrero de 2016 se dio en la Argentina un aumento desmedido de las tarifas de los servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono, etc.) que puso en peligro la sostenibilidad económica de las organizaciones sin fines de lucro (clubes barriales, centros culturales, etc.), entre las cuales se vieron afectados los medios de comunicación comunitarios y populares, especialmente, los medios indígenas.
En varios casos, las comunidades tuvieron que acortar su franja horaria de transmisión, retransmitir “enlatados” o, en los casos más extremos, suspender momentáneamente su emisión. A esa realidad se le sumó la restricción y demora que tuvieron los FOMECA, una herramienta vital para los medios indígenas gestionada por el ENACOM.
El Estado argentino registra 34 pueblos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.). Ellos son: Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Kolla Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mbya Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selk'Nam (Ona), Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Toba (Qom), Tonokoté, Vilela, Wichí.17
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene identificadas 1653 Comunidades Indígenas en Argentina, entre las cuales 1456 han registrado su personería jurídica en el ámbito del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), y de los Registros Provinciales.
17 https://www.cultura.gob.ar/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas_6292/
No todos los pueblos están inscriptos en el ReNaCi, ni tienen las mismas características, historias e identidades. Algunas comunidades tienen caciques, pero también hay cacicas, las cuales conforman una historia común que debe ser respetada y considerada en su diversidad, por ello el uso de los medios de comunicación es clave para lograr políticas de comunicación indígena que fortalezca a las distintas comunidades, sobre todo para poder comunicar con los propios medios, generando y sosteniendo en el tiempo una comunicación con identidad, que comprenda la urdimbre de los pueblos originarios.
- Género e industrias de medios y TIC (acceso y participación de las mujeres en todos los niveles, en particular en puestos de toma de decisión, derechos laborales, desigualdad salarial, acoso laboral, etc.)
Desde hace 20 años comenzó a afianzarse la participación de las mujeres en los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, aunque no en la medida deseada. Con el desarrollo de internet y las redes sociales, el trabajo periodístico también se fue extendiendo a este ámbito, lo que permite ver un aumento sustancial de la incidencia de la opinión e influencia de las mujeres en la discusión general sobre los nuevos cambios sociales, las políticas de género y el crecimiento del feminismo en el movimiento de mujeres.
Una investigación internacional sobre medios de comunicación que se realizó en 2011 y que es citada en una publicación del Instituto Nacional de las Mujeres y Comunicación para la Igualdad18 relevó que en las ocho empresas de medios que se estudiaron en Argentina (cinco radios, dos canales de televisión y una radio) el 69% de las personas que trabajaban eran varones y el 31% mujeres. La diferencia es más evidente en las áreas de decisión editorial y de gestión, donde solo el 21,4% eran mujeres, mientras que entre los accionistas, sólo llegaban al 15.4%19. En un nuevo estudio realizado en 2017 y también citado en esta publicación, se comprobó un leve crecimiento del número de mujeres en los medios: 37%. Sin embargo, solo el 28% ocupaba cargos directivos. Un dato a tener en cuenta es la de estudiantes egresadas de las carreras de comunicación en las universidades nacionales y privadas del país alcanzaba al 61,5%.
Según este mismo estudio, sólo el 22% de las mujeres tuvo algún tipo de ascenso frente al 78% de los varones, con casos extremos como el de la Televisión Pública donde el 90% de los varones mejoró sus condiciones laborales. Los datos son elocuentes: las mujeres se ven relegadas en su carrera profesional por sus menores posibilidades de ascenso laboral a puestos más altos.
La participación de las mujeres en la producción de contenidos también manifiesta la incidencia de estereotipos de género en el tipo de artículos e investigaciones periodísticas que los medios ponen bajo su responsabilidad. Según el Proyecto Monitoreo Global de Medios en 2015, que viene desarrollando desde 1995 la organización internacional
18 Varias autoras, Argentina: medios de comunicación y género ¿hemos cumplido con la plataforma de acción de Beijing?, INAM y Comunicación para la Igualdad, Sandra Chaher compiladora, Comunicación para la Igualdad ediciones, libro digital, febrero de 2018.
19 Byerly, Carolyn 2011 Global Report on the Status of Women in the News Media. Washington: International Women's Media Foundation
WACC,20solo el 15% de las periodistas firman artículos, en su mayoría con temas de la agenda local (70%), aunque también se dedican a cubrir temas de interés político, como las protestas sociales y las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. El dato relevante es que las informaciones sobre Política, Economía y Política Internacional son firmadas casi en su totalidad por varones.
Otro estudio realizado por el MediaLab del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en 201821 sobre la situación laboral y el rol profesional de las mujeres periodistas en el país mostró que el 63% de las profesionales tiene entre 26 y 45 años, el 61% tiene más de un empleo y el 43% trabaja en un medio digital puro o convergente. Además, mientras el 70% desarrolla sus tareas en una empresa de medios, un 14% realiza colaboraciones freelance; el 17% son emprendedoras y el 26% desarrolla su labor principalmente en un medio digital. Por último, la radio y la televisión ofrecen pocas oportunidades de empleo para las mujeres: 14% y 7%, respectivamente.
En la misma investigación se da cuenta que el 62% de las mujeres ocupa puestos principalmente en el área de redacción y solo un tercio ve posibilidades de desarrollo profesional en su trabajo actual. Las periodistas están preocupadas por las dificultades económicas en el ejercicio de su profesión, como los bajos salarios, la falta de recursos e inversión de los medios para hacer periodismo de calidad y la dependencia de la pauta oficial, entre otras.
También encuentran dificultades profesionales, como el no reconocimiento del valor agregado que aporta el periodismo de calidad, la falta de capacitación y los nuevos hábitos de consumo de contenidos informativos de las audiencias, que implican el desafío de nuevos modos de comunicación y el uso de más herramientas tecnológicas. El 46% dispuso de su propio dinero para capacitarse y la mayoría opina que las empresas periodísticas no ofrecen oportunidades para estos aprendizajes.
El 45% de las profesionales reconoce que es “moderado” el uso de las tecnologías en su lugar de trabajo. Hay un uso importante de aplicaciones como Whatsapp (91%) o plataformas como Facebook (82%) o Twitter (76%) pero poco uso de herramientas o aplicaciones de análisis (33%) o seguimiento de tendencias (18%), por ejemplo.
Las periodistas del programa radial ‘Nos quemaron por brujas’ hicieron un monitoreo sobre la presencia de comunicadoras en la radio. En el informe los resultados dejan al descubierto la falta de mujeres en la programación, producción y dirección radial22. Los principales programas matutinos son conducidos en un 69% por varones y apenas un 14% de mujeres tiene a su cargo columnas políticas. En cambio, el 82% de las voces de la locución son mujeres y el 43% tiene a su cargo columnas de espectáculos. Otro dato que muestra que estereotipos de género funcionan a pleno en el ámbito radial es el de los comentarios deportivos, desarrollados en un 100% por varones.
20 http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports
21 FOPEA, Mujeres periodistas en Argentina, 2018
22 http://cosecharoja.org/faltamos-en-la-radio/
La producción de podcasts y la audiencia de esta nueva herramienta de comunicación van en aumento en el país. En un relevamiento del sitio Argentina podcastera, hay todo tipo de producciones a cargo de varones y mujeres de todas las edades para una amplia audiencia, según la EncuestaPod201923, que consigna pocos datos desagregados por género.
En un artículo24sobre este mismo tema, Florencia Flores, podcastera de Tristana Producciones, señala que en 2017 un 23% de los podcasts que integraban el sitio Argentina Podcastera contaban al menos con una mujer en el equipo periodístico y de producción, mientras que en otro sitio muy visitado, Posta FM, el 51,22% de los podcasts era liderado por mujeres.
Esta nueva manera de comunicar es, sin duda, un paso importante en el desarrollo de contenidos creativos que pueden escucharse por streaming a toda hora y en todo lugar y en el que pareciera que las mujeres están encontrando un lugar de expresión.
- Género en la educación de medios, periodismo y TIC (perspectiva de género en la currícula de facultades de Periodismo y Comunicación, dimensión de género en los programas de educación para medios y TIC, etc.)
En 1998 nació la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM), integrada por diferentes universidades de todo el país que se plantea como uno de sus objetivos crear una red interinstitucional de carreras, departamentos, escuelas, facultades y/o profesores e investigadores que enseñan cursos de grado y/o postgrado universitario en las carreras de Periodismo y/o Comunicación Social, a los fines de promover la mejora de la calidad de la enseñanza en el propio campo.
El desarrollo de políticas públicas y normativas para promover la igualdad de derechos y movilizaciones de alto impacto social contribuyeron a que la Red ampliara sus preocupaciones, temáticas y abordajes. En el encuentro de cátedras de Comunicación y Géneros realizado en 2019, la REDCOM concluyó que “la falta de acceso de las mujeres y las disidencias a la generación de contenidos y a la toma de decisiones en los medios, la difusión de contenidos estereotipados y la brecha digital de género se superponen e intersectan con otras maneras de la desigualdad”25, por lo que reclamó una mejora en estos índices.
Los estudios de mujeres y de género, con la creación de institutos y programas de investigación de finales de los 80 y de la década de los 90, generaron las condiciones para que desde el año 2014 comenzara un proceso de profundización y ensanchamiento de estas políticas en las universidades.
En este escenario, las instituciones promocionan la aprobación de protocolos de actuación frente a las situaciones de discriminación y violencia de género al interior de las casas de estudio, la transversalización del enfoque de género en las políticas institucionales y en las actividades de investigación, formación y extensión.
Un hecho importante en este proceso de cambio fue el lanzamiento en 2015 de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias en la Universidad Nacional de San Martín con la participación de más de 20 universidades, facultades e institutos. En el 2018, la Red se incorpora como organización en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde donde se propone colaborar en el diseño y desarrollo de políticas que contribuyan a erradicar las desigualdades de género y las violencias en todo el sistema universitario.
En 2018 surge la Red Universitaria de Género (RUGE) como actor fundamental para el proceso de jerarquización y profesionalización de estas políticas en las universidades. Los datos evidencian que casi el 60% de las universidades tienen un espacio institucionalizado de género, de las cuales el 55,2% tiene rango de programa, lo que da cuenta de un proceso en crecimiento y evolución, a través de la creación de secretarías, sub-secretarías y direcciones.
Los recursos financieros para el desarrollo de estos espacios de políticas institucionalizadas son aún parte de la disputa. Sin embargo, el 25% cuenta con presupuesto propio y el 54% tiene asegurada al menos una persona trabajando en estos espacios de género, lo que habla de la fuerza y el impacto de la praxis feminista y sus articulaciones y alianzas.
A la par de estos avances, hay que tener en cuenta un hecho inédito que tiene incidencia en este proceso: en Argentina desde hace más de treinta años se realiza el Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y que se convirtió en un generador de acciones sociales, incidencia política y trabajos de investigación.
- Participación en la ciencia y en la tecnología de información y comunicación e innovación
La participación de las mujeres en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación en Argentina, incluyendo aspectos de ciencia y tecnología en materia de innovación y desarrollo, no puede medirse fácilmente debido a la falta de datos estadísticos desagregados por sexo. Si bien hay informes periódicos que miden el acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos, como computadoras y teléfonos móviles, y el uso que hace la población argentina de los espacios digitales, las redes sociales y cientos de aplicaciones, estos datos no permiten ver diferencias de acceso y uso por sexo.
No obstante, hay datos suficientes para considerar que en general, mujeres y hombres se conectan diariamente a Internet y realizan múltiples actividades en la red a lo largo de la jornada. De acuerdo con informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones26 en el continente americano, la diferencia de acceso a internet es solo de un 2% a favor del género masculino, lo que implica que la brecha digital es prácticamente inexistente en este medio.
26 https://es.scribd.com/document/388006075/2016-ITUNews04-es-pdf
27 https://www.internetworldstats.com/south.htm#ar
Según las últimas estadísticas disponibles27 en diciembre de 2018 se conectaba a Internet periódicamente el 92.2% de la población, siendo el 66.6% usuarios y usuarias habituales de Facebook. En un informe sobre consumo móvil en Argentina, se constata que el 82% de la población posee teléfonos celulares inteligentes, el 69% computadoras portátiles y el 49% tabletas.
Para conectarse, el 66% utiliza con más frecuencia servicios wi-fi, que crecieron un 300% en los últimos 5 años28, aunque la conexión por red 4G está ganando terreno (32%) principalmente en los centros urbanos, debido a que no siempre este servicio está disponible en pueblos y zonas rurales.
En general, según este estudio, los usuarios y usuarias utilizan su conexión principalmente para comunicarse con mensajes instantáneos (86%), participar en redes sociales (76%), enviar correos electrónicos (62%) y realizar llamadas de voz sobre IP, o sea sobre plataformas como Skype y otras compañías (61%). El informe también señala que argentinos y argentinas usan la conectividad móvil principalmente como entretenimiento, aunque entre un 60 y 65% la usa para enviar correos electrónicos y realizar llamadas con fines laborales. También se destaca el uso de la conexión móvil para leer noticias (71%), escuchar la radio (50%) y escuchar música (57%). Un 47% mira videos en sitios de noticias.
Todavía está pendiente el uso de la conectividad móvil para transacciones bancarias, ya que el 60% de la población encuestada admite no haberlo hecho nunca; además solo el 11% paga compras con dispositivos móviles. Los datos, según este informe, revelan que las personas desconocen estos servicios o les cuesta confiar en ellos.
Si bien se puede inferir, en base a los datos señalados, que las mujeres participan activamente en el uso de tecnologías de información y comunicación, usos que forman parte de su vida diaria, faltan conocer datos desagregados por sexo para tener un panorama fehaciente. Es importante considerar que la actividad cotidiana en línea puede brindar una vía de entrada al activismo social y político, como también al interés por desarrollar e innovar en el campo de las tecnologías.
Participación en investigación y desarrollo de tecnologías
En Argentina existe prácticamente paridad de género en las instituciones públicas de investigación tanto si se trata de de investigadores/ras como de becarios/as, un dato que contrasta con estadísticas mundiales donde solo el 28% de las mujeres ocupan estos lugares.
No ocurre lo mismo en el sector privado, donde el número de investigadoras es exiguo: sólo el 26,1%29según cifras de 2015 consignadas en un diagnóstico elaborado sobre la base de datos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, CABA. De todos modos, el número significa un aumento interesante respecto a 2011 cuando sólo alcanzaba el 18.1%. Las estadísticas revelan, entonces, que en Argentina las investigadoras trabajan principalmente en universidades (70%) y en entidades públicas.
28 https://www.cabase.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/CABASE-Internet-Index-II-Semestre 2019.pdf
El panorama se presenta auspicioso si se tiene en cuenta que las mujeres graduadas en Ciencia y Tecnología mantienen porcentajes positivos en el primer caso y en aumento en el segundo.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 201830, en Argentina existe prácticamente paridad de género entre graduados/as en Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas; en Ingeniería las egresadas llegan al 38% y en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) rozan el 32%.
Es importante también señalar que en materia de posgrados y doctorados, las mujeres son la mayoría de las graduadas en el área de Ciencia y Matemáticas (62,9%), según el diagnóstico ya citado, situación que se ve reflejada en Ingeniería y Tecnologías (36,8%).
También el diagnóstico citado señala que en Argentina la elección que realizan las mujeres de las carreras universitarias están marcadas por roles y estereotipos de género y que en el caso de las investigadoras en Ciencia y Tecnologías, existe un “techo de cristal” que les impide llegar a los cargos jerárquicos, aunque son mayoría en los cargos medios. Esto implica que su incidencia en la toma de decisiones y en la fijación de políticas es menor.
En materia de innovación y desarrollo, el informe del BID consigna que según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), solo 1 de cada 3 patentes cuenta con la participación de una mujer inventora (33,5%) en el país. También hay diferencias marcadas en la publicación de artículos en revistas científicas nacionales o internacionales, aún en el área de Ciencias Sociales en la cual hay mayoría de mujeres graduadas con doctorados. No obstante, cuando se trata de proyectos de innovación y desarrollo, la mayoría está dirigido por mujeres (51%), en el área de investigación, pero ellas son minoría dirigiendo proyectos en ámbitos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (32%). Además, el informe señala si la directora es mujer, probablemente haya más mujeres en el equipo de investigación, que si se trata de un varón. Otra cuestión de preocupación es que las mujeres directoras de proyectos reciben en promedio un 25% menos de recursos que sus colegas varones para desarrollarlo.
En los últimos años se han elaborado políticas importantes para incluir la perspectiva de género en los proyectos científicos y también otras que tienen en cuenta los derechos de las mujeres en el ámbito laboral a una vida sin violencias y sin discriminaciones (protocolos, observatorios). Otras medidas facilitan el cuidado familiar (licencias, medidas para el cuidado de niñas y niños, etc.), según consigna el diagnóstico mencionado.
En este panorama, cabe destacar el empuje dado a la participación de las mujeres jóvenes en las áreas de ciencias y tecnología por organizaciones de la sociedad civil que surgieron a
partir de 2015,como Medias Chicas31, Chicas en Tecnología32, Mujeres en el Ecosistema Digital33 y @lasdesistemas34, entre otras.
Todas estas organizaciones trabajan intensamente para lograr una mayor y mejor inserción de las mujeres en las carreras científicas y técnicas, incentivando el estudio universitario de Ingeniería, Sistemas, Matemáticas y Ciencia. Han logrado amplia aceptación en el medio, con convenios con otras entidades y organismos del Estado que han permitido replicar cursos y talleres presenciales y virtuales que llevaron entusiasmo y abrieron puertas a iniciativas en distintos puntos del país. Varias de estas agrupaciones tienen reconocimiento internacional y han sido premiadas por sus proyectos y programas.
- Acceso a la Información
El 29 de septiembre de 2017 entró en vigencia la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública en la Argentina, aprobada en 2016. Así, Argentina, se sumó a los países de la región que en los últimos años avanzaron en esta materia con la creación de una normativa de regulación de este derecho humano y saldando una deuda que nuestro país tenía pendiente con la ciudadanía, ya que son más de 100 países en el mundo los que cuentan con normativas en este sentido.
La ley establece que la Agencia de Acceso a la Información Pública -como ente autárquico y con autonomía funcional- sea el órgano garante de la correcta aplicación de la norma en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, sus organismos descentralizados y otros sujetos obligados. Se trata de un organismo nuevo que en estos años estuvo abocado a crear y diseñar sus procesos y normas de procedimientos, sus estructuras internas y los canales de comunicación con la ciudadanía.
En la actualidad hay consenso respecto a que el acceso a la información es una materia transversal a todas las áreas de gobierno y una herramienta esencial en el diseño e implementación de una política pública de transparencia. La correcta implementación de esta ley garantiza este derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas que se acercan al Estado; siendo esto de vital importancia para contar con instituciones democráticas sólidas.
Es importante además que los y las agentes, pero sobre todo funcionarios/as públicos, estén sensibilizados en esta materia. En el período 2018- 2019 organizaciones de mujeres solicitaron a organismos gubernamentales información sobre diversos temas de la gestión pública en materia de acceso a derechos (implementación presupuestaria de Educación Sexual Integral, Salud sexual; leyes de formación y capacitación, etc) con escasas respuestas y en algunos casos inexistentes.
Sobre las fake news y el ataque a las mujeres
31 https://www.mediachicas.com
32 https://www.chicasentecnologia.org/
33 https://wideinitiative.org/
34 https://twitter.com/lasdesistemas
Un fenómeno creciente es el de las noticias falsas (fake news) no solo en Argentina sino en el mundo; un serio problema que afecta el derecho a acceder a la información.
El incremento de las fake news tienen un componente pinza, por un lado, medios de comunicación con trayectoria que apuestan a titulares llamativos, que suelen estar en clara contradicción con el texto; y, por otro lado, el surgimiento de falsos medios digitales (conocidos como Fake Media), la mayoría creados en cuentas de Twitter, Facebook.
Estos últimos publican notas que carecen de los principios básicos del periodismo y cuyo objetivo es viralizar contenidos falsos o descontextualizados, con información errónea o manipulada, datos no verificados e incluso imágenes denigrantes y estigmatizantes. En muchos casos, se trata de informaciones que invaden la privacidad de las mujeres, principales víctimas de estas prácticas.
Esta articulación entre medios de comunicación y Fake Media generan confusión y fomentan una cultura de desinformación que atenta contra la democracia influyendo en la opinión tanto como vulnerando el derecho de las mujeres a la participación.
Utilizan discursos que presentan como verdades situaciones que no son ciertas pero que legitiman que las mujeres sean violentadas ante quienes recepcionan los mensajes sin alertar que están frente a una dinámica de violencia simbólica.
El trabajo periodístico en las plataformas digitales no cuenta con criterios periodísticos mínimos para ser considerados medios informativos digitales. Las redes sociales han demostrado más interés en bloquear imágenes de mujeres amamantando que en dar de baja perfiles de fake media o diseñar un dispositivo que permita hacerle frente a estas cuentas falsas.
En La microfísica de la Posverdad, ensayo de Hugo Pardo Kulinski35, se afirma que la comunicación política sabe desde siempre que entre racionalidad y emoción, predomina la emoción; y que la manipulación, las medias verdades o directamente las mentiras estratégicas hacen su juego para construir una base electoral o, peor aún, consolidar una idea política.
En Argentina, las fake news sobre candidatas mujeres proliferaron en el período 2016-2019, en algunos casos afectando la imagen en el electorado. Las fake medias concentraron sus energías en atacar a Cristina Fernández de Kirchner; Verónica Magario; Mayra Mendoza, Ofelia Fernández; por mencionar algunas. La cadena británica Channel filtró información en la que se nombra a Argentina como uno de los países donde probablemente operó Cambridge Analytica. La Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina, que forma parte del Poder Judicial, ha abierto una investigación para saber si estuvo involucrada en las elecciones argentinas36.
En la mayoría de los casos, las fake news y el trabajo de las fake media buscan construir la imagen que las mujeres que sufren sus ataques no tienen capacidad para roles de
35 Kuklinski, H.
36 https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_-_FIP_AmLat.pdf
liderazgo, administración37, gestión o bien burlarse de su apariencia física, decisiones personales, por mencionar algunas. De igual manera centran sus ataques en las familias: una especie de violencia vincular dentro de la avanzada mediática.
La Red de Comunicadoras Feministas ha alertado de la "ola de falsas noticias y negacionismo sobre la desigualdad de las mujeres, ante lo que exigen un periodismo veraz, que desagregue los datos y con lenguaje inclusivo”38. Promover dudas sobre la capacidad de las mujeres en la política utilizando fake news y fake media atenta contra la construcción de igualdad, con paridad de género y un sistema más democrático y representativo.
37 https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/cristina-kirchner-denunci-una-fake-news-de-la nacin/25572
Referencias
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Amnistía Internacional. (2018) Corazones verdes. Violencia online contra las mujeres durante el debate por la legalización del aborto en Argentina”,. [Archivo PDF]. https://amnistia.org.ar/corazonesverdes/files/2019/11/corazones_verdes_violencia_online.pd f
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Mignoli, L. (18 de febrero de 2019). En estos días. Comunicación indígena sin perspectiva de género. https://www.enestosdias.com.ar/3486-comunicacion-indigena-sin-perspectiva de-genero
Nota de redacción. (3 de enero de 2020). Cristina Kirchner denunció una "fake news" de La Nación. https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/cristina-kirchner-denunci-una-fake-news de-la-nacin/25572
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Revista Científica de la Redcom (2019). La consolidación de REVCOM/REDCOM. https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/revcom/article/view/5732/4939
Las de Sistemas https://twitter.com/lasdesistemas
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La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina es un espacio donde profesionales de la comunicación trabajan para colaborar en la construcción de un periodismo inclusivo.